Las juntas de propietarios son el órgano de gobierno de una comunidad y en ellas se toman decisiones que afectan a la convivencia, el mantenimiento del edificio y las obligaciones económicas de los vecinos. Sin embargo, no siempre es posible asistir personalmente a estas reuniones, o puede ser conveniente contar con un abogado especializado que represente y defienda los intereses de un propietario ante la comunidad.
En nuestro despacho en Oviedo, ofrecemos representación legal en juntas de propietarios, asegurando que los derechos de nuestros clientes sean respetados y que los acuerdos adoptados sean conformes a la Ley de Propiedad Horizontal.
Sí, cualquier propietario puede delegar su representación en otra persona mediante un documento firmado o un poder notarial, si así lo exigen los estatutos de la comunidad.
Puede ser otro propietario, un familiar, un abogado o cualquier persona en la que se delegue expresamente el voto.
La representación debe hacerse por escrito, indicando el nombre del representante, el del propietario representado y la junta en la que ejercerá su derecho de voto.
Sí, especialmente si se van a debatir temas conflictivos, como impugnación de acuerdos, reparto de gastos, alteraciones de elementos comunes o desahucios por impago de cuotas.
Sí, cualquier propietario afectado por un acuerdo ilegal o lesivo puede impugnarlo judicialmente, aunque no haya asistido a la reunión.
La falta de convocatoria puede ser motivo de nulidad de los acuerdos adoptados, especialmente si su voto hubiera podido influir en el resultado.
No, solo pueden impugnar los acuerdos los propietarios que hayan votado en contra, se hayan abstenido o no hayan asistido por una convocatoria defectuosa.
Depende del tipo de acuerdo:
Mayoría simple para acuerdos ordinarios.
Tres quintos para obras de mejora.
Unanimidad para modificaciones esenciales en la estructura del edificio o elementos comunes.
El plazo es de tres meses desde la adopción del acuerdo, salvo que sea contrario a la ley o los estatutos, en cuyo caso es de un año.
Asistiendo en representación del propietario, asesorando sobre los acuerdos adoptados, verificando su legalidad y presentando impugnaciones si son contrarios a derecho.
