La fianza en un contrato de arrendamiento es un depósito que el inquilino entrega al arrendador al inicio del alquiler como garantía de cumplimiento del contrato y de posibles daños en la vivienda. Sin embargo, al finalizar el contrato, es común que surjan disputas sobre su devolución.
En nuestro despacho en Oviedo, asesoramos tanto a arrendadores como a inquilinos en la reclamación de la fianza, garantizando que se cumpla la normativa vigente y defendiendo los derechos de nuestros clientes en caso de conflicto.
El arrendador tiene un mes desde la entrega de las llaves para devolver la fianza, siempre que el inmueble esté en buen estado y no haya deudas pendientes de alquiler o suministros.
El propietario puede descontar de la fianza el coste de reparaciones por daños causados por el inquilino, impagos de renta o facturas de suministros no abonadas.
Las principales disputas surgen cuando el arrendador retiene la fianza sin justificación o cuando el inquilino deja desperfectos en la vivienda y no está de acuerdo con el coste de las reparaciones.
Lo primero es solicitar formalmente la devolución mediante un burofax al propietario. Si no responde o se niega injustificadamente, se puede presentar una reclamación judicial.
Es recomendable aportar el contrato de alquiler, el justificante del pago de la fianza, pruebas del estado de la vivienda al inicio y al final del alquiler (fotografías, actas de entrega) y recibos de pagos de suministros.
Sí. Si el propietario no devuelve la fianza en el plazo de un mes, el inquilino puede exigir el pago de intereses de demora sobre la cantidad retenida.
Debe aportar facturas y presupuestos de reparación que justifiquen los gastos descontados, así como pruebas claras de los daños o deudas existentes.
Si no se recibe respuesta al requerimiento formal, se puede presentar una demanda de reclamación de cantidad ante los tribunales.
Sí, si los daños superan el importe de la fianza, el propietario puede reclamar la diferencia al inquilino mediante un procedimiento judicial.
Para reclamaciones de menos de 2.000 euros, no es obligatorio, pero sí recomendable. Para cantidades superiores, es necesario contar con un abogado y un procurador.
