En los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, los elementos comunes pertenecen a todos los propietarios y su uso, modificación o alteración está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y los estatutos de la comunidad.
En muchas ocasiones, surgen conflictos cuando un propietario realiza obras o cambios en zonas comunes sin autorización, lo que puede afectar la estética del edificio, la seguridad o los derechos del resto de vecinos.
En nuestro despacho en Oviedo, ofrecemos asesoramiento legal para comunidades y propietarios que necesiten resolver disputas relacionadas con la alteración de elementos comunes en Asturias.
Son aquellas partes del edificio que pertenecen a todos los propietarios, como la fachada, tejados, patios interiores, portales, ascensores, escaleras, tuberías generales y zonas de recreo.
No, cualquier alteración en elementos comunes requiere autorización de la junta de propietarios, salvo pequeñas reparaciones que no afecten a terceros.
La comunidad puede exigir la reposición a su estado original y, en caso de negativa, acudir a los tribunales para que un juez ordene la demolición de la obra ilegal.
Depende del tipo de obra:
Unanimidad si supone una modificación sustancial de los elementos comunes.
Tres quintos de los propietarios para obras que afecten al uso del edificio.
Mayoría simple para reparaciones ordinarias o mejoras no esenciales.
Las necesarias para la conservación del inmueble, seguridad o accesibilidad, como la instalación de rampas para personas con movilidad reducida o arreglos urgentes en tejados y tuberías.
Si la obra es imprescindible para la seguridad, habitabilidad o accesibilidad del edificio, se puede solicitar autorización judicial para llevarla a cabo.
Solo si lo permite la comunidad y no afecta la estética del edificio. En caso contrario, se podría obligar a su retirada mediante una demanda.
Puede impugnar el uso indebido ante la junta de propietarios y, si no hay acuerdo, presentar una demanda para recuperar el espacio común.
Se puede impugnar el acuerdo comunitario si la obra afecta los derechos de los propietarios y no ha sido aprobada con la mayoría exigida por la ley.
Sí, es recomendable para garantizar que las actuaciones sean legales y para interponer reclamaciones en caso de obras no autorizadas o conflictos con la comunidad.
