Uno de los problemas más comunes en los arrendamientos urbanos es el impago de rentas y otras cantidades asociadas al contrato de alquiler, como suministros, gastos de comunidad o reparaciones a cargo del inquilino. La legislación permite a los propietarios reclamar judicialmente estas deudas, e incluso solicitar el desahucio por impago si el inquilino no cumple con sus obligaciones.
En nuestro despacho en Oviedo, ofrecemos asesoramiento legal y representación en la reclamación de rentas y cantidades asimiladas, asegurando una recuperación eficaz de las deudas pendientes.
El Derecho Civil es la rama del derecho que reg
Se pueden reclamar rentas impagadas, gastos de suministros (luz, agua, gas, etc.), gastos de comunidad, así como otras cantidades que el inquilino esté obligado a pagar según el contrato.
ula las relaciones privadas entre las personas, incluyendo asuntos de contratos, propiedades, y obligaciones.
Desde el primer mes de impago, el propietario puede enviar un burofax exigiendo el pago de la deuda y, si el inquilino no responde, interponer una demanda judicial.
Se puede interponer una demanda de reclamación de cantidad si solo se busca el pago de la deuda, o un procedimiento de desahucio por impago si el propietario quiere recuperar la vivienda.
El plazo de prescripción es de 5 años, por lo que se pueden reclamar rentas atrasadas de los últimos cinco años.
Se puede seguir reclamando la deuda por vía judicial, embargando bienes o cuentas bancarias si el inquilino no paga voluntariamente.
Se suman todas las mensualidades impagadas, junto con otros conceptos adeudados (gastos de comunidad, suministros, desperfectos), y se pueden añadir intereses de demora y costas judiciales en caso de juicio.
Sí, en muchos casos es recomendable negociar un acuerdo extrajudicial para evitar un litigio largo y costoso. Se pueden pactar plazos de pago o la condonación parcial de la deuda a cambio de la entrega de la vivienda.
Si no tiene bienes embargables, la deuda puede ser difícil de recuperar, aunque se puede inscribir en listas de morosos y esperar mejoras en su situación económica.
Si la cantidad reclamada es superior a 2.000 euros, es obligatorio contar con abogado y procurador. Para cantidades menores, no es obligatorio, pero es recomendable.
Depende del volumen de trabajo del juzgado, pero un procedimiento de reclamación de cantidad puede tardar entre 3 y 12 meses.
