Los propietarios e inquilinos tienen derecho a que su vivienda reúna condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad, seguridad y estanqueidad. Cuando un inmueble presenta deficiencias estructurales, humedades, filtraciones, problemas de saneamiento, riesgo de derrumbe o incumple la normativa de seguridad, el afectado puede exigir su reparación inmediata o reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos.
En nuestro despacho en Oviedo, ofrecemos asesoramiento y representación legal en demandas por falta de habitabilidad, salubridad y seguridad en edificios y viviendas, garantizando que nuestros clientes vean protegidos sus derechos en Asturias.
Una vivienda no reúne condiciones de habitabilidad cuando presenta humedades, falta de aislamiento térmico o acústico, problemas de ventilación, falta de suministro de agua o electricidad, o cualquier otro defecto que impida su uso normal y saludable.
Se puede reclamar cuando la vivienda no cumple las condiciones higiénicas mínimas, como problemas de plagas, insalubridad por acumulación de residuos o deficiencias en las instalaciones de saneamiento.
El propietario del inmueble tiene la obligación de garantizar que la vivienda es habitable. Si hay problemas estructurales, de humedad, calefacción o seguridad, el inquilino puede exigir su reparación o incluso resolver el contrato si las deficiencias son graves.
El propietario o la comunidad de vecinos (si el problema afecta a elementos comunes) deben reparar las filtraciones. Si no lo hacen, el afectado puede demandar y reclamar indemnización por los daños sufridos.
Se puede exigir a la comunidad o a la administración competente una inspección técnica del edificio (ITE) y, si se confirma el riesgo, exigir la ejecución de las obras necesarias o solicitar medidas urgentes al juzgado.
Si la vivienda es de obra nueva y presenta deficiencias, se puede reclamar en los siguientes plazos:
1 año para defectos de acabado.
3 años para problemas que afecten a la habitabilidad.
10 años para defectos estructurales.
Se puede interponer una demanda judicial contra la comunidad para exigir la realización de las obras necesarias.
En casos graves, se puede solicitar una reducción de la renta o incluso resolver el contrato de arrendamiento si el propietario no soluciona los problemas de habitabilidad.
Se puede presentar una reclamación formal y, si no responde, acudir a la vía contencioso-administrativa para exigir su intervención.
Sí, ya que estos procedimientos requieren informes periciales, pruebas documentales y una correcta aplicación de la normativa urbanística y de vivienda.
