La responsabilidad patrimonial de la administración se da cuando un ciudadano sufre un daño como consecuencia de un anormal servicio por parte de una administración pública, ya sea municipal, autonómica o estatal. La responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como un mecanismo de protección y autorregulación de las entidades públicas.
Como abogados especialistas en responsabilidad patrimonial en Asturias, aconsejamos al cliente desde el principio, analizando la viabilidad de la acción, para evitar acciones que no prosperen y que supongan una pérdida de tiempo y de dinero al cliente. Para que prospere una acción de esta naturaleza se tienen que dar todos los estos requisitos:
A continuación, valoramos y cuantificamos los daños sufridos por el cliente e interponemos la reclamación administrativa previa, hasta que se resuelva expresamente o por silencio administrativo. Una vez agotada la vía administrativa, acudiremos a los tribunales, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
El titular de este despacho, el Sr. Jesús Martínez Junceda, está diplomado con el título de especialista en Derecho de la Salud, por el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF – Barcelona). Tal es su conocimiento de esta específica parte del Derecho, que ha escrito dos obras de referencia en la materia: «Responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario: un análisis jurisprudencial» y «La imprudencia como conducta médica penalmente relevante». Además, en Jesús Martínez Junceda Abogados somos especialistas en gestionar reclamaciones por:
Además de gestionar reclamaciones por caídas en la vía pública o daños producidos en espectáculos, somos especialistas en:
Responsabilidad por daños causados por obras públicas: Si la Administración lleva a cabo obras públicas, como construcción de carreteras, puentes, edificios u otras infraestructuras, y se producen daños a los particulares, estos pueden reclamar por los perjuicios sufridos, como daños a propiedades, interrupción de actividades comerciales, pérdida de ingresos, entre otros.
Responsabilidad médica y sanitaria: Cuando se producen daños o lesiones a consecuencia de la atención médica o sanitaria proporcionada por instituciones o profesionales de la salud dependientes de la Administración, se puede reclamar por negligencia médica, errores de diagnóstico, tratamiento inadecuado, falta de consentimiento informado, entre otros.
Responsabilidad por accidentes de tráfico: Si un accidente de tráfico es causado por vehículos o agentes dependientes de la Administración (como policía o servicios de emergencia), se puede reclamar por los daños materiales y personales sufridos como consecuencia del accidente.
Responsabilidad por privación ilegítima de libertad: Si una persona es privada de su libertad ilegalmente por parte de la Administración, ya sea por arresto injustificado, detención indebida o error administrativo, puede reclamar por los daños morales, materiales y las molestias ocasionadas durante ese periodo de privación de libertad.
Responsabilidad por actos administrativos ilegales: Cuando la Administración toma decisiones ilegales o arbitrarias que causan perjuicio a los particulares, se puede reclamar por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de esos actos administrativos ilegales, como denegación de derechos, anulación de contratos, confiscación de bienes, entre otros.
Responsabilidad por funcionamiento defectuoso de servicios públicos: Si los servicios públicos brindados por la Administración, como suministro de agua, electricidad, transporte público, entre otros, no funcionan correctamente y causan perjuicios a los ciudadanos, se puede reclamar por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicho funcionamiento defectuoso.
