Cuando recibimos un expediente sancionador, no es difícil identificar su naturaleza una vez leemos la notificación con detenimiento. Un expediente sancionador es un procedimiento administrativo utilizado por las autoridades para investigar infracciones a la normativa vigente.
Si nos llega, es que, supuestamente, hemos cometido alguna irregularidad que la Administración ha detectado y procede a sancionarnos. Hay más implicaciones relacionadas con el proceso sancionador que vamos desde Jesús Martínez Junceda Abogados a explicar en detalle en el siguiente contenido.
Concepto y alcance de un expediente sancionador
Como hemos dicho, un expediente sancionador es un conjunto de documentos que recopila la información y las actuaciones relacionadas con una supuesta infracción. La finalidad del expediente sancionador no es otra que la de asegurar el cumplimiento de las normas y, en caso de ser necesario, imponer sanciones adecuadas a la gravedad de la falta detectada.
Decir que se puede alegar ante un expediente sancionador si la persona que lo recibe considera injustificada la sanción. Lo veremos más adelante.
Elementos esenciales
Para familiarizarnos con los elementos y componentes que dan forma a un expediente sancionador, vamos a mencionarlos y explicarlos brevemente:
- Hechos imputados: Descripción clara y detallada de la conducta que se considera infractora.
- Normativa aplicable: Leyes específicas que sustentan la acción sancionadora, garantizando que el procedimiento se ajuste al marco legal correspondiente.
- Pruebas recogidas: Evidencias documentales, testimonios u otros elementos que respaldan la investigación de los hechos.
- Derechos del interesado: Asegurar que la persona afectada sea informada y pueda presentar alegaciones en su defensa.
- Resolución final: Decisión adoptada por la administración tras finalizar el procedimiento, que puede incluir la imposición de sanciones.
Como veis, no hay elementos desconocidos en el documento que no sepamos que son los habituales en este tipo de procedimientos. Elementos que buscan preservar la transparencia de las acciones para resolver la situación protegiendo los derechos de los involucrados durante todo el proceso sancionador.
Contextos y motivos de emisión de un expediente
Como os podréis imaginar, los expedientes sancionadores tienen diferentes orígenes y contextos según la vulneración que se haya cometido. Si no los tenéis identificados, os detallamos algunas de estas situaciones comunes, tanto para empresas como para autónomos, y también para residentes y no residentes extranjeros.
Expedientes sancionadores por razones como:
- Incumplimiento de normativas laborales, como la contratación de empleados sin cumplir con los requisitos legales.
- Falta de licencias o permisos necesarios para operar, lo que puede resultar en sanciones administrativas.
- Deficiencias en la presentación de impuestos o informes contables ante organismos reguladores.
- Infracciones en materia de protección de datos, como la falta de medidas adecuadas para proteger la información personal de los clientes.
Residentes y extranjeros
Expedientes sancionadores por razones como:
- Violaciones de normativas de seguridad ciudadana, como desórdenes públicos o comportamientos inapropiados.
- Incumplimiento de las normas de tráfico, que puede resultar en multas o sanciones administrativas de diverso tipo.
- Infracciones en cuestiones migratorias, donde los extranjeros no cumplen con los requisitos de estancia o trabajo en el país.
- Conductas que afectan al medio ambiente, como la falta de permisos para realizar actividades en áreas protegidas.
Tipos de expedientes sancionadores
Los expedientes sancionadores pueden clasificarse en diversas categorías según la gravedad de las infracciones cometidas. Las analizamos:
Infracciones leves, graves y muy graves
Seguro que nos suena que las infracciones se dividen generalmente en 3 categorías que reflejan el nivel de gravedad de la conducta infractora y las sanciones correspondientes.
Las infracciones leves se consideran violaciones menores de las normativas, a menudo sancionadas con amonestaciones o multas reducidas. Suelen no afectar gravemente a la seguridad pública o el bienestar social.
Por su parte, las infracciones graves se refieren a conductas más serias y que pueden acarrear sanciones económicas significativas, así como la suspensión temporal de derechos o permisos. Por lo general, indican un incumplimiento notable de las normativas establecidas.
Por último, las infracciones muy graves sancionan esas conductas que tienen un impacto considerable en la sociedad o el entorno. Las sanciones por estas infracciones pueden incluir multas elevadas, la revocación de licencias o, en ciertos casos, la posibilidad de enfrentarse a sanciones penales.
Diferencias en el proceso según la infracción
El procedimiento sancionador varía según la clasificación de la infracción. En las infracciones leves, se suelen requerir procedimientos más simples y rápidos, permitiendo una resolución ágil. Para las infracciones graves, en cambio, implican una fase de instrucción más detallada, donde se recogen pruebas y se garantiza la defensa del implicado.
Los procesos para infracciones muy graves gastan, lógicamente, más recursos en investigación y suelen incluir múltiples fases, con mayor necesidad de asesoría legal para el interesado.
Normativa y marco legal expediente sancionador
El procedimiento sancionador se encuentra regulado principalmente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley establece los principios generales que guían la actuación administrativa y la potestad sancionadora. Por ejemplo:
- Derecho a ser notificado sobre la posible infracción.
- Oportunidad para presentar alegaciones y pruebas por parte de los interesados.
- Transparencia en la toma de decisiones administrativas.
Del mismo modo, existen normativas que complementan la Ley 39/2015, orientándose a sectores específicos y tipos de infracciones. Estas normativas establecen procedimientos, plazos y criterios específicos que pueden variar según el ámbito de regulación.
La Ley de Protección del Medio Ambiente para regulaciones sobre infracciones ambientales es una de estas normativas específicas. También las normativas sectoriales en el ámbito laboral, tributario o en la seguridad alimentaria.
Organismos y procedimientos administrativos
Hablamos de las entidades competentes, que son aquellas que tienen la autoridad para iniciar y gestionar expedientes sancionadores. Son entidades que, dependiendo del ámbito de la infracción, no siempre serán las mismas.
Por ejemplo, las administraciones locales se ocupan de las infracciones de carácter municipal, mientras que las administraciones autonómicas son las que regulan conductas dentro de sus territorios. Por su parte, y ya refiriéndonos a asuntos mayores, la administración del Estado gestionará cuestiones de relevancia nacional, las más importantes.
Por último, señalar a las agencias reguladoras, que son las que supervisan sectores específicos, como sanitarios o medioambientales.
Procedimiento administrativo sancionador
Un expediente sancionar en procedimiento administrativo tiene su origen mediante denuncia o por orden de un organismo competente. A continuación, se recaban pruebas y se realiza un análisis exhaustivo de los hechos denunciados (fase de instrucción). Una vez completada la instrucción, se elabora un informe con una recomendación sobre la sanción (propuesta de resolución).
Al final del procedimiento llega la resolución. El organismo competente toma la decisión final, que debe ser motivada y notificada a las partes implicadas.
Proceso de actuación ante un expediente
Entramos en detalle ahora el proceso de actuación ante un expediente sancionador:
◾ Inicio del procedimiento
El procedimiento se inicia cuando la Administración considera que existen indicios de una infracción. Este inicio puede ser por medio de una orden de un órgano competente que determine la necesidad de investigar hechos, o por una denuncia presentada por un ciudadano o por órganos administrativos que identifiquen conductas sospechosas.
◾ Presentación de alegaciones
Una vez notificado el expediente sancionador, el interesado tiene derecho a presentar alegaciones para, de este modo, defender su postura y aportar pruebas. Las alegaciones deben ser claras y responder a cada uno de los puntos que se le imputan.
◾ Uso del certificado digital y Cl@ve
Tener en cuenta que el uso del certificado digital y del sistema Cl@ve va a facilitar la identificación del interesado en el trámite administrativo. Ambos sistemas nos permiten presentar documentos y alegaciones de manera segura, eficiente y con validez jurídica.
Derechos y garantías del interesado
El interés por una administración pública justa y transparente se refleja en los derechos y garantías que tienen los interesados en un expediente sancionador. Nos explicamos.
Gracias a estos derechos, el proceso de un expediente sancionador puede ser equitativo. Por ejemplo, el derecho a la información y defensa.
Los interesados tienen derecho a acceder a la información relacionada con el expediente sancionador. Lo que quiere decir es que cada persona tiene el derecho a conocer los hechos que se les imputan y las posibles sanciones que se puedan imponer. Por consiguiente, la Administración ha de garantizar este acceso en cada fase del procedimiento.
Asimismo, se reconoce el derecho a presentar alegaciones y pruebas en defensa de sus intereses. Este derecho permite que las personas afectadas puedan exponer su versión y aportar evidencia que pueda influir en la resolución del expediente.
El derecho a la asistencia legal garantiza que, si lo desean, los interesados puedan contar con el apoyo de un abogado especializado en lidiar con la Administración durante todo el proceso, lo que fortalece su posición ante posibles sanciones.
Centro de ayuda y recursos administrativos
Para facilitar el acceso a información y procedimientos, existen centros de ayuda y recursos administrativos que ofrecen orientación sobre cómo proceder ante un expediente sancionador y sobre los derechos disponibles. .
De nuevo, será la Administración quien deba proporcionar apoyo accesible para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a hacer valer sus derechos a lo largo del proceso.
Consecuencias de un expediente sancionador
Las más temidas, las sanciones económicas y administrativas.
Multas económicas como sanciones monetarias que pueden ir desde cantidades reducidas hasta multas elevadas, en función de la gravedad de la infracción y la legislación aplicable. Y a nivel de desarrollo de negocio, es posible que nuestro incumplimiento normativo ocasione la suspensión temporal o definitiva de ciertas actividades, lo que, lógicamente, sería un golpe severo a la operativa de empresas o profesionales autónomos.
A nivel administrativo, las consecuencias podrían darse en forma de restricción para acceder a determinados servicios públicos o la imposibilidad de participar en licitaciones administrativas.
Impacto en impuestos y datos administrativos
Saber también que un expediente sancionador puede influir en la situación tributaria y administrativa de un individuo o una empresa. Por ejemplo, afectando a la capacidad crediticia, dado que las sanciones económicas podrían dificultar el acceso a financiación o créditos de esa empresa.
Ya a nivel administrativo, saber que las infracciones quedan registradas en bases de datos administrativas, lo que no debería tener mucha incidencia en posibles futuras interacciones con las autoridades, pero eso es algo que nunca se sabe a ciencia cierta.
Por último, también tener muy presente que ser sancionados podría afectar a la liquidación de impuestos o la obligación de presentar determinadas declaraciones.
Conclusiones
Conocemos ya las posibles consecuencias de recibir un expediente sancionador, que pueden ser significativas, dado que afectan tanto a la esfera económica como a la administrativa de los implicados.
Hay que analizar, junto a nuestro abogado especializado, si realmente hemos cometido la irregularidad que se nos imputa, y por la que se nos impone la sanción correspondiente, y determinar si vamos alegar (el derecho nos ampara ante tal acción) la sanción.
En Jesús Martínez Junceda Abogados os asesoramos antes expedientes sancionadores para que estéis bien representados y vuestros derechos bien atendidos. Estamos a vuestra disposición.
📞 984 110 173
📧
